El impacto de las recientes inundaciones en Tucumán agravó una problemática que ya venía en aumento en la provincia, con un crecimiento sostenido de la demanda de alimentos en los sectores más vulnerables. Desde el Banco de Alimentos advirtieron que la situación es “crítica” y reclamaron mayor articulación entre la sociedad, el sector privado y el Estado para evitar que productos aptos para el consumo terminen desperdiciados.
“Estamos atravesando un momento súper difícil en Tucumán. Hay muchísima demanda y urge tener respuestas, pero nuestra capacidad está siendo superada por la cantidad de necesidad que hay”, sostuvo a LA GACETA la presidenta de la institución, Agustina Figueroa.
El Banco de Alimentos trabaja como un puente entre quienes pueden donar y quienes necesitan asistencia. Recupera productos aptos para el consumo, muchas veces cercanos a su fecha de vencimiento o con fallas en el empaque, y los redistribuye a través de una red de organizaciones sociales. Además, impulsa programas de capacitación, como su escuela de cocina, orientados a la formación y la inclusión.
Actualmente, la entidad asiste a 154 organizaciones sociales y alcanza a unas 60.000 personas en la provincia. Sin embargo, la demanda sigue en aumento. “Tenemos una lista de espera inmensa, no solo de organizaciones sino también de familias que necesitan ayuda. Estamos viendo cómo encuadrarlas en nuestros programas para poder darles una respuesta”, explicó a este diario la directora ejecutiva, Josefina Correa.
Ambas referentes hicieron hincapié en una problemática estructural: el desperdicio de alimentos. “Estamos enfrentando una gran paradoja: sobran alimentos y se tiran, mientras hay personas que no tienen qué comer. Ese es el verdadero escándalo”, dijeron.
La organización remarcó la importancia de que empresas, supermercados y distribuidores donen productos antes de que se venzan. “Una semana antes del vencimiento, nosotros podemos retirarlos, distribuirlos y garantizar su trazabilidad. Todo el proceso es transparente y profesionalizado”, detalló Correa.
El reciente decomiso de alimentos vencidos en la provincia volvió a poner el tema en agenda. Desde el Banco de Alimentos señalaron que este tipo de situaciones podría evitarse con una mayor conciencia y regulación. “No se trata solo de que no vuelva a pasar, sino de prevenir. Es necesario avanzar en leyes u ordenanzas que faciliten la recuperación de alimentos”, plantearon.
A la vez, destacaron que la colaboración no debe limitarse a lo económico. “Hoy sabemos que el contexto es complejo para todos, pero se puede ayudar con logística, transporte, alimentos o voluntariado. Hay muchas formas de sumar”.
El vínculo con productores y mercados concentradores, como el Mercofrut, sigue siendo clave. A través de iniciativas como la “marea amarilla”, el Banco rescata excedentes, principalmente cítricos, y los distribuye en distintas provincias. También incorporan hortalizas provenientes de otras regiones, como Orán, en Salta.
Sin embargo, reconocen que la ayuda privada se ha retraído en los últimos meses, lo que agrava el escenario. “Siempre fuimos muy organizados y teníamos previsiones claras de abastecimiento, pero hoy no las podemos cumplir. Estamos necesitando todo”, resumió Correa.
“Esto no depende de una sola organización. Es una responsabilidad de todos: empresarios, productores, el Estado y cada ciudadano. Entre todos podemos llegar más lejos y ayudar mejor”, concluyó Figueroa.